lunes, 20 de julio de 2009

Por la justicia social en Atenco. No al olvido.

Por la justicia social en Atenco. No al olvido.

OPINIÓN.
Por: Sergio D. González.
Facultad de Filosofía y Letras-UNAM.

Todo comenzó en el sexenio de Vicente Fox Quesada, en el 2001, justo un año después de que millones de mexicanos le dieron la confianza de su voto en la urna electoral al Partido Acción Nacional y con lo que se marcaría el fin de la Era del PRI-cámbrico Tardío. Todo inició con el llamado proyecto del sexenio, la construcción de un nuevo Aeropuerto Internacional en San Salvador Atenco, Estado de México y que en la práctica implicaría la desaparición del pequeño pueblo de Atenco, pueblo de raíces prehispánicas nahuas y de importante tradición histórica mesoamericana. Con un ambicioso programa de adquisición de tierras a menos de 70 pesos metro cuadrado, el Gobernador del Estado de México Arturo Montiel Rojas, pretendió expropiar un pueblo entero.

La respuesta a las ambiciones del Estado fue inmediata ya para el 2002 y se realizó una defensa en tres vertientes: social, institucional y jurídica. La defensa social representó la imagen más recordada de Atenco y la peyoración pública de “macheteros” para un pueblo indígena en la figura del campesino empuñando su machete en defensa de la tierra. Movilización social que llevaría a los campesinos e indígenas de Atenco a tomar sus machetes en símbolo del trabajo en el campo y marchar hasta el Zócalo capitalino.

La defensa institucional se realizó a través de la conformación y organización de un gran programa de defensa de la tierra, mismo que lograría su expresión más organizada con la conformación del Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra. Frente que es muestra de que el movimiento de Atenco no es una expresión inconsciente, desbocada y sin sentido, sino que por el contrarío materializa la idea de una lucha histórica en nuestro país por el derecho a la tierra. Materialización que vemos de forma clara en la institucionalización de un frente común que simboliza, además, la voz y la personalidad jurídica propia de los intereses de los campesinos, de los indígenas y todos aquellos que de una forma u otra arraigaron desde su nacimiento un hondo sentido de identidad y pertenencia al pueblo de Atenco. El Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra es expresión de la lucha histórica del pueblo de México por la memoria indígena, por la tierra y contra el olvido.

Finalmente, cerraría la tríada, la defensa jurídica llevada por el desaparecido jurista Ignacio Burgoa Orihuela, cerró la tríada defensiva que el pueblo de Atenco realizó contra los abusos de poder perpetrados por las ambiciones de un Estado que proyectó la construcción de un aeropuerto que miró hacia los intereses de la burguesía nacional antes de mirar hacia los intereses sociales de un pueblo nahuatlato heredero de las glorias prehispánicas de nuestro hermoso enjambre mesoamericano.

Tal vez y sólo tal vez, esa victoria del David de Atenco contra el Goliat del Estado para frenar la construcción del aeropuerto de la vergüenza, fue lo que motivaría cuatro años después, en mayo del 2006, que más de tres mil efectivos armados hasta los dientes y bajo la estulta careta de “la justicia” se invistieran de “policías” para arremeter contra un pueblo de cerca de cinco mil habitantes.

El tiempo pasó y ahora a más de tres años de la masacre de Atenco y Texcoco, el recuerdo de aquel 3 de mayo del 2006, ya enterrado en el cementerio del olvido por el Estado mexicano pero no muy lejano en la memoria del pueblo, aun lacera mi conciencia con los gritos, los llantos y los reclamos de justicia que el pueblo de San Salvador Atenco en el Estado de México le pide a Enrique Peña Nieto, Gobernador Constitucional del Estado. Y es que a más de tres años de la masacre que cuerpos policiacos del Estado emprendieron frente a mujeres, hombres y niños, debe recordarse hoy con más fuerza, hoy que después de las elecciones del 5 de julio donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Enrique Peña perfilan su arsenal politiquero, partidocrático, mezquino y clientelar para llevar al actual Gobernador del Estado de México a la silla presidencial del 2012 y con ello asegurarnos un fatal regreso al reino de los dinosaurios, el PRI-cámbrico Tardío.

Las ineficacia con que se ejecutó un operativo por parte de los cuerpos de seguridad, la falta de profesionalismo de los policías y la inexistencia de una legislación que regule el uso y a la fecha abuso que se hace de la fuerza pública fueron las causas que detonaron las violaciones graves que se registraron en la comunidad de Atenco, en mayo de 2006. Señalo el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José de Jesús Gudiño Pelayo, Ministro encargado de documentar las atrocidades cometidas contra el pueblo de Atenco, en el primer bimestre del 2009. A lo que sólo agregaría la inoperancia mezquina de “un gobierno que sí sabe gobernar porque tiene experiencia probada” como el del priista Enrique Peña Nieto.

En el documento se hace hincapié en la eliminación de los datos personales de las víctimas, así como resultado de las indagatorias realizadas sobre el caso, sí se detectaron indicios y pruebas de que varias de las mujeres indígenas, campesinas y comerciantes detenidas fueron víctimas de algún tipo de abuso sexual por parte de policías. El Ministro Gudiño Pelayo, es enfático en señalar que el trabajo de documentación del hecho no implicó el señalamiento de los responsables ni la recomendación de algún tipo de sanción particular para los mismos, argumentando que no es atribución ni competencia de la SCJN emitir dichas sentencias. Lo interesante del documento es que por un lado queda documentado el hecho ante la SCJN y en él aparece una larga lista de implicados en los hechos del 3 y 4 de mayo del 2006 en Atenco. Entre ellos destacan nombres como el de Enrique Peña Nieto y Eduardo Medina Mora, ex Secretario de Seguridad Pública Federal y a quien dicho sea de paso se le premió por los operativos de Atenco con la Procuración General de la República durante este gobierno de Calderón. Sin embargo, no aparece la relación de los policías que cometieron las vejaciones tan sólo narra los detalles de los operativos ejecutados el 3 y 4 de mayo.

Durante la envestida policíaca murieron Alexis Benhumea y Javier Cortés Santiago, éste último joven de 14 años de edad que murió a causa de una bala de sal o un petardo, así como 10 pobladores lesionados, dos de ellos por arma de fuego, 34 efectivos heridos y cuatro policías hechos prisioneros en el auditorio Emiliano Zapata de Atenco. Y aun a pesar de esto, fue la misma SCJN y los Ministros Margarita Luna Ramos y José Ramón Cossío Díaz, quienes deslindaron de toda responsabilidad a la Policía Federal Preventiva que participó en el evento e irónicamente unos meses después de los sucesos de Atenco exoneraran de toda culpa y toda responsabilidad a Enrique Peña Nieto y Eduardo Medina Mora. Con lo que se limpió el camino para que Medina Mora llegara a la PGR y Peña Nieto se convirtiera ahora en el presidenciable número uno del Revolucionario Institucional para el 2012.

En contraparte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas coincidieron en que el máximo Tribunal de Justicia de la Nación tuvo una oportunidad histórica de hacer justicia en el país y no lo hizo. Y es que lamentablemente esta decisión de la SCJN lapida violentamente el valor de la justicia en nuestro país y la mata frente a las 12 personas que continúan recluidas y sentenciadas por los sucesos en Atenco y frente a las víctimas de torturas, asesinatos, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias, como la de 47 mujeres y 106 hombres de Atenco y Texcoco y otros delitos que continúan clamando por justicia en un desierto desolado al que irónicamente llamamos justicia.

Aquella estulta careta de la justicia como un valor supremo se difumina poco a poco en la exoneración para la elite partidocrática en el poder y para el que, con seguridad, será próximo candidato a la presidencia de nuestro país por el PRI, Enrique Peña Nieto a quien le preocupa más atender a una Gaviota que a un pueblo. Mientras para la gente de a pie, para los de abajo, para los indígenas y los campesinos de México y en especial a sus mujeres, han sido victimas de una triple discriminación, por ser mujeres, por ser pobres y por ser indígenas, no sólo se les niega la justicia sino se les condena a la más extrema de las muertes, al olvido.

Sin embargo, aun y con los hechos tangibles de los abusos y violaciones cometidos por cuerpos de seguridad en el caso de Atenco, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, fue el único de los 11 que conforman el Tribunal de la SCJN que tuvo la osadía de negar la existencia de abusos y violaciones a los derechos humanos, argumentando que la policía no es responsable por las muertes en Atenco ya que actuaron ante una situación en la cual la autoridad fue rebasada. Tal parece que nadie le hizo ver a Aguirre Anguiano que las violaciones a mujeres indígenas no fueron obra de ningún ente celestial sino de uniformados que investidos con la careta de “la justicia” tienen nombre y apellido, mismos “servidores públicos” que hoy día están libres y que son los mismos que a tí o a mí nos vigilan. Esta es la Seguridad que garantiza el Estado mexicano y esta la Justicia que pregonan instituciones como la SCJN.

No menos lamentable que esto es saber que la bala que le arrebató las ilusiones, los sueños, el futuro y la vida a un joven de 14 años de edad de nombre Javier Cortés Santiago, fue una bala disparada por un arma de uso exclusivo y oficial, misma que portaba la policía del Estado Méxicano. Y además, a este asesinato no se le ha realizado una investigación profunda para determinar quien realizó el disparo, además de que no se practicó la prueba de pólvora a los agentes policiacos que participaron en el operativo.

Sin embargo, a pesar de la irresponsabilidad de los ministros que declararon la inocencia de los policías que participaron en el suceso, de Peña Nieto y de Medina Mora. Solamente el Ministro Góngora Pimentel fue el único que dimensionó la problemática social, histórica y jurídica a la que la SCJN se enfrentaba y señalo en un gesto de conciencia crítica que en este espacio le reconocemos, lo siguiente “somos la última instancia nacional que puede coadyuvar a reparar las violaciones a los derechos humanos y sentar límites para que estas conductas no se vuelvan a repetir en el futuro (...) debemos poner límites y decir que en México existe estado de derecho, rigen leyes nacionales y no la ley de la selva. Es hora de que sepan los gobernantes que en México ya no se toleran esas situaciones; son otros tiempos”.[1]

Hoy en día a más de tres años de la masacre de Atenco el reconocimiento y la admiración del que escribe va hacia las mujeres de Atenco, quienes con su fuerza de voluntad y con ese gran corazón que las caracteriza, iniciaron desde el Penal de Santiaguito un trabajo de denuncia social de los hechos de aquel 3 y 4 de mayo del 2006. Mujeres a quienes se les han unido adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, de la Otra Campaña y de otras organizaciones civiles y de Derechos Humanos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

La Confederación General del Trabajo de Murcia (CGT Murcia) en España recordó el pasado 3 de mayo del 2009 las atrocidades de Atenco y Texcoco, poniéndose en el rostro unas mascaras de cartón con los nombres de las 12 personas aun presas por los sucesos de Atenco y en distintas universidades de México se recordó a la sociedad civil y al Estado Mexicano que este tipo de atrocidades no pueden seguir sucediendo ni en México ni en el mundo.
A más de tres años de la masacre es visible y notorio el grado de sistematización, organización e institucionalización de un movimiento que exige la libertad de sus presos políticos, que clama por justicia y que lacera aun hoy en día nuestra conciencia ante las muestras de impunidad en la que viven “servidores públicos” que violaron a las mujeres de Atenco y solo prostituyen el valor de la justicia mexicana. La muestra de esta organización pro-Atenco la encontramos en la recién nacida Campaña Nacional e Internacional: Libertad para los presos políticos de Atenco, presentada para conmemorar los tres años de la masacre por personalidades públicas como Ofelia Medina, Adolfo Gilly, Julieta Egurrola, Luis Hernández Navarro, Bruno Bichir y Gilberto López y Rivas entre otros a quienes apoya el Obispo Emérito de San Cristóbal de las Casas y principal promotor de la Teología de la Liberación en México, Samuel Ruiz. Así como medios de comunicación tales como Machetearte, La Jornada e Indymedia.
Por Atenco y por Texcoco, por los que perecieron aquel mayo rojo del 2006, por las mujeres laceradas física y moralmente, por la liberación de los 12 presos políticos, por la justicia que el pueblo le exije al Estado, por que los responsables no mueran en impunidad, en contra del abuso de autoridad y porque otro mundo sí es posible es que estos hechos de violencia y abuso no pueden morir de manera extrema incinerados en la hoguera del olvido social, son hechos que deben ser recordados en la búsqueda y construcción de nuestra conciencia social, porque sólo en esa medida y desde abajo es como se desdobla la justicia social. Ya basta de seguir pagando el delito por ser pobres y por ser indígenas.


NOTAS.
[1] “En el caso Atenco hay que sentar límites para que no se repitan las violaciones: Góngora.“ Periódico La Jornada. Martes 10 de febrero del 2009.

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